Introducción

El delito leve de usurpación de bienes inmuebles, regulado en el artículo 245.2 del Código Penal, ha sido objeto de debate en los últimos años. La Audiencia Provincial de Girona, ha modificado su criterio respecto a la interpretación de este delito, abandonando el concepto de función social de la propiedad como justificación para excluir la aplicación del derecho penal en algunos casos de ocupación.

En este artículo, analizamos los cambios más relevantes, las implicaciones legales y los derechos de los propietarios afectados.

¿Qué es el delito leve de usurpación de bienes inmuebles?

Según el artículo 245.2 del Código Penal, comete este delito quien ocupa, sin autorización, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantenga en él contra la voluntad de su titular.

Elementos clave del delito de usurpación

Para que se configure este delito, deben concurrir los siguientes elementos:

• Ocupación sin violencia o intimidación de un inmueble que no sea morada.
• Permanencia en el inmueble con vocación de continuidad.
• Perturbación relevante de la posesión del propietario.
• Falta de título jurídico que legitime la ocupación.
• Oposición expresa del propietario, que puede presumirse en algunos casos.

Cambios jurisprudenciales en Girona

Hasta ahora, la Audiencia Provincial de Girona había utilizado el criterio de la función social de la propiedad para interpretar cuándo una ocupación debía considerarse delito o podía resolverse por la vía civil. Este enfoque permitía una menor persecución penal en casos donde el inmueble estuviera desocupado y en manos de grandes propietarios.

Sin embargo, la Audiencia ha decidido abandonar esta doctrina, alineándose con el Tribunal Supremo. Esto significa que la propiedad privada recupera una protección más estricta en el ámbito penal, incluso cuando el inmueble pertenece a empresas o fondos de inversión.

Supuestos excluidos del delito de usurpación

A pesar del endurecimiento del criterio, no toda ocupación ilegal se considera delito penal. La Audiencia establece que quedan excluidos:

• Ocupación de una vivienda habitual o segunda residencia, protegida por el delito de allanamiento de morada (art. 202 CP).
• Ocupaciones esporádicas o de corta duración, sin vocación de permanencia.
• Casos en los que el ocupante tenía autorización previa, aunque sea precaria.
• Inmuebles abandonados, cuando el propietario no ha ejercido actos de posesión.

Procedimiento penal y medidas legales

Denuncia y actuación policial

• La denuncia debe reflejar los elementos típicos del delito.
• No se exige requerimiento previo al ocupante para que abandone el inmueble.
• La policía puede desalojar sin orden judicial si la ocupación es reciente (menos de 24 horas).

Consecuencias legales

• Multa de tres a seis meses para los ocupantes ilegales.
• Posibilidad de medidas cautelares, como el desalojo inmediato en casos graves.
• Responsabilidad penal y civil del ocupante, incluyendo indemnización por daños.

Conclusión

La Audiencia Provincial de Girona ha endurecido su postura frente al delito de usurpación de bienes inmuebles, eliminando la función social como criterio atenuante. Esto supone una mayor protección para los propietarios y refuerza la vía penal como mecanismo para combatir la ocupación ilegal.

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